La identidad digital o cómo legislar con amplitud de miras

Rodrigo García de la Cruz. Presidente de AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech)

La ola digital está removiendo los cimientos que los estados han construido durante muchas generaciones de forma rápida, profunda e inexorable. Un cambio todavía subestimado por el conjunto de la sociedad y especialmente por los decisores en el ámbito político y de la administración, que son los que tienen en sus manos activar las políticas públicas para fomentar la transformación de sus países. Para que nos hagamos una idea, en el año 2008, el 36% de las 20 empresas más grandes del mundo pertenecían a la industria de la energía, el 18% al sector financiero y el 16% a la industria tecnológica. Diez años más tarde, el sector tecnológico acaparaba ya más de la mitad de esas 20 grandes multinacionales. En la base de esta ola digital se encuentra la necesidad de una identidad digital, como inicio de cualquier relación de confianza en la red y esto es lo que se esta legislando hoy en nuestro parlamento, con algunos proyectos en trámite como la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En términos de economía digital, Europa representa solo el 4% del volumen de mercado generado por la tecnología, pese a ser la tercera región mundial en términos de PIB, con el 20% del valor creado en toda la economía a nivel global. Más del 90% de este volumen se genera entre los Estados Unidos y China, lo que ilustra, en gran medida, como el continente europeo ha subestimado la ola digital. No obstante, hay esperanza para incorporarnos a tiempo a este cambio, los productos que han lanzado las grandes empresas tecnológicas, monopolizando el mercado rápidamente, se convertirán pronto en versiones obsoletas, gracias a la inteligencia artificial y a otras tecnologías de gran impacto, que surgirán en los próximos años, marcados por un nacimiento de nuevas industrias digitales y consolidación de otras más complejas y reguladas, como son la biotecnología y la salud, los servicios financieros globales, las tecnologías energéticas para el cambio climático, la tecnología para los gobiernos, viajes y turismo, entre otras. Un proceso de cambio que la irrupción de la COVID-19 no hará otra cosa que acelerar.

Hay esperanza porque Europa está liderando la acción regulatoria para plantear una serie de valores y herramientas como es la identidad digital. De hecho, en 2016 se aprobó el eIDAS (reglamento europeo que establece un marco jurídico común para los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica), que es a la identidad lo que el euro fue a la moneda en 1999: la homogeneización de un asunto fundamental para la creación de un Mercado Único Digital. Ni más ni menos que el germen de un documento de identidad electrónico europeo, con el que más de 500 millones de ciudadanos y empresas podrán realizar transacciones electrónicas seguras y confiables, que antes requerían un acto de identificación en el canal presencial. Por si fuera poco, este modelo está siendo copiado en mercados que sobrepasan más de 2.000 millones de consumidores (LATAM, USA, África y Asia).

Se trata de la identidad digital global del futuro, cuya implantación en España lleva cuatro años de retraso, por lo que su aprobación inmediata se antoja necesaria. Ahora, nuestro país no supera el 20% de madurez en la digitalización de la administración, si se tiene en cuenta el grado de avance de los trámites digitales y el uso por la parte de los ciudadanos. La cantidad de identidades (DNIe y certificados FNMT) no supera el 20%, su uso es residual (menos del 1% debido a la dificultad de uso y de acceso) y está circunscrito a trámites obligatorios para autónomos y empresas con la Agencia Tributaria.

La identidad digital, sencilla de obtener y fácil de usar, a pleno rendimiento, permitiría que el Estado pudiera funcionar en tiempo real y liberar un impacto de hasta un 13,6% del PIB, según un estudio de Mc Kinsey. Además, la identidad digital es clave en la introducción de la moneda y pagos electrónicos, para eliminar el dinero en papel, con un ahorro de 600 millones anuales, y emerger el fraude de una economía B que, según los técnicos de Hacienda, permitiría aflorar 254.000 millones de euros al año.

España no tiene más tiempo que perder. Hoy se tarda la friolera de ocho meses en solicitar un permiso de trabajo para una persona altamente cualificada que ayude a la digitalización. Con la identidad digital, el proceso se demoraría un solo día. Somos el cuarto país donde es más lento crear una empresa, se necesita una media de 10 trámites y 23 días, frente a un día en Delaware (USA), Reino Unido o Estonia, gracias a la identidad digital, ¿de verdad nos preguntamos todavía por qué la inversión extranjera en España está a la cola del mundo?

Resulta necesario impulsar adecuadamente los aspectos de la identidad digital a distancia, que se otorgan a partir de la entrega de los certificados electrónicos cualificados que la sustentan. España es pionera y cuenta con ventajas en eficiencia y seguridad, incluso con soluciones de videoidentificación ya aceptadas e impulsadas por el SEPBLAC, de ahí que se deba legislar con amplitud de miras, aprovechando todas las ventajas competitivas de los modelos implantados con éxito y no haciendo seguidismo de lo que hacen otros, que ya están siendo sustituidos por resultar obsoletos.  

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