La regulación es, desde hace años, uno de los principales factores de competitividad para los mercados financieros. La discusión sobre si es necesario regular la innovación quedó superada hace tiempo, pero la cuestión está en la necesidad de hacerlo con rapidez, proporcionalidad y seguridad jurídica.

La Unión Europea ha asumido un papel de liderazgo global en la construcción de marcos normativos para las finanzas digitales, los criptoactivos, la resiliencia operativa, la identidad digital o el intercambio de datos financieros. La apuesta es clara: un mercado único con reglas comunes para impulsar la innovación y proteger a los usuarios. La burocracia comunitaria es ya de por sí lenta, pero la situación se complica aún más cuando entran en acción los Estados miembros.

Y ahí España ostenta un liderazgo poco deseable. Nuestro país acumula más de un centenar de directivas pendientes de transposición, una cifra que lo sitúa entre los Estados miembros con mayores retrasos en la incorporación de normativa comunitaria y que ha derivado en numerosos procedimientos de infracción por parte de las instituciones europeas. Más allá de las posibles sanciones económicas, esta situación refleja una realidad mucho más preocupante: la pérdida progresiva de competitividad que genera la incertidumbre regulatoria.

Porque la transposición de una normativa europea no debería entenderse únicamente como una obligación administrativa. Sino que es también una política económica. Una herramienta para reforzar la competitividad, impulsar la innovación, atraer inversión y generar confianza entre empresas e inversores. Se trata de un proceso de que se resuelve con alta calidad por el regulador español – España es un país altamente reputado en cuanto al texto legislativo-, pero el parón en las transposiciones se encuentra en la última milla, es decir, en las Cortes, y es ahí donde más se deberían responsabilizar de que existan las reglas y normas adecuadas para que las empresas españolas sean competitivas.

Buena parte de estos retrasos encuentran su origen en la fragmentación parlamentaria y en la creciente dificultad para alcanzar acuerdos legislativos. El resultado es una parálisis que trasciende el debate político y tiene consecuencias económicas tangibles. Esa falta de consenso político en el arco parlamentario está generando una creciente inestabilidad institucional que transmite incertidumbre al sector empresarial y proyecta una imagen de escaso compromiso con el crecimiento económico. Una situación que no solo resta competitividad frente a nuestros socios europeos, sino que también debilita la capacidad del país para atraer inversiones. La confianza es un factor determinante para cualquier inversor, y el capital, por naturaleza, evita los entornos percibidos como inciertos o de alto riesgo. Sin estabilidad y previsibilidad, España corre el riesgo de perder oportunidades de inversión y desarrollo económico.

Desde la perspectiva del sector FinTech, esta situación resulta especialmente preocupante. Las empresas innovadoras desarrollan sus estrategias de negocio, inversión y crecimiento sobre la base de marcos regulatorios previsibles. Cuando cambian las reglas a mitad del partido, cualquier proyecto empresarial se resiente. Y cuando una norma europea ya ha sido aprobada, pero su incorporación efectiva al ordenamiento nacional se retrasa, las compañías se encuentran atrapadas en un escenario de indefinición que dificulta la toma de decisiones, por lo tanto, se queda anquilosada en un vacío regulatorio del que no se hace cargo nadie.

Y esa incertidumbre tiene consecuencias reales. Retrasa inversiones, condiciona la contratación de talento, ralentiza el lanzamiento de productos y reduce el atractivo del país para captar proyectos internacionales. En un entorno donde la competencia entre jurisdicciones es cada vez mayor, la velocidad regulatoria se ha convertido en un activo estratégico.

Europa está desplegando actualmente algunas de las iniciativas regulatorias más transformadoras de las últimas décadas. La cuestión no es pedir menos regulación. De hecho, uno de los principales logros del ecosistema europeo ha sido demostrar que innovación y supervisión pueden avanzar de la mano. Lo que necesitamos es certidumbre nacional.

Las reglas claras permiten competir, invertir y crecer. La incertidumbre, por el contrario, genera costes que no aparecen en las estadísticas: inversiones que no llegan a materializarse, proyectos que se trasladan a otros países, iniciativas que nunca llegan a desarrollarse…

España cuenta con fortalezas indiscutibles para consolidarse como uno de los principales hubs europeos de innovación financiera. Dispone de talento, de un ecosistema emprendedor cada vez más maduro, de entidades financieras comprometidas con la transformación digital y de autoridades supervisoras que han impulsado mecanismos pioneros de colaboración con el sector. Pero no son ventajas permanentes. Cuando la aplicación efectiva de las normas se retrasa o cuando los procesos regulatorios se prolongan más allá de lo razonable, otros países ganan atractivo de forma automática.

Porque cuando la legislación llega tarde, el mercado no espera. Y cuando Europa avanza en ámbitos estratégicos como el euro digital, la tokenización de activos o las finanzas abiertas, quedar temporalmente fuera de determinadas iniciativas puede traducirse en una pérdida de conocimiento, experiencia y competitividad difícil de recuperar.

España dispone del talento, las empresas y las capacidades necesarias para liderar esa transformación, pero lo que está en juego no es la regulación, sino la velocidad con la que somos capaces de convertirla en una ventaja competitiva.

Leyre Celdrán. Directora general de la AEFI (Asociación Española de FinTech e InsurTech)