La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) ha trasladado su posición ante determinados aspectos del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo actualmente en tramitación: una aplicación homogénea de los límites a la remuneración, sin distinguir entre productos, importes, plazos y estructuras de coste, podría tener efectos negativos tanto para los consumidores como para el tejido comercial.

En el marco de la transposición de la Directiva Europea de Crédito al Consumo (CCD2), AEFI respalda el objetivo de reforzar la protección del consumidor, pero subraya que ese objetivo solo se cumple si el nuevo marco tiene en cuenta la diversidad de modelos existentes en el mercado y su diferente perfil de riesgo y funcionamiento.

En este sentido, la Asociación advierte que el establecimiento de límites generales y homogéneos, incluyendo topes máximos a la remuneración cercanos al 22%, sin atender a variables como el tipo de producto, el importe o la duración del crédito, puede generar distorsiones relevantes especialmente en operaciones de menor importe o menor duración.

“Una limitación de costes que no distinga entre modelos de crédito puede acabar reduciendo la disponibilidad de soluciones reguladas y responsables, especialmente en canales digitales y en el punto de venta, donde la financiación cumple una función clave para facilitar el acceso a bienes y servicios”, señalan desde AEFI.

La Asociación recuerda que los modelos de financiación vinculados a la compra de bienes o servicios, en muchos casos sin intereses para el consumidor, responden a una lógica distinta a la del crédito tradicional y han demostrado ser herramientas eficaces para la gestión de la liquidez de los hogares y el impulso de la actividad comercial.

Impacto en consumidores y comercios

AEFI alerta de que una regulación que no tenga en cuenta estas diferencias puede tener un impacto negativo no deseado. Por un lado, podría limitar el acceso al crédito para determinados perfiles de consumidores que actualmente acceden a soluciones flexibles, transparentes y adaptadas a sus necesidades. Por otro, podría afectar de forma significativa a los comercios, especialmente pymes, que dependen de estos instrumentos para facilitar la conversión de ventas y mejorar la experiencia de compra.

“La protección del consumidor no debe traducirse en la reducción de sus opciones. Una regulación excesivamente restrictiva puede provocar el efecto contrario al deseado: dificultar el acceso a financiación regulada y desplazar la demanda hacia alternativas menos transparentes o fuera del perímetro supervisado”, añaden.

Desde AEFI se subraya que el crédito al consumo ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, con la aparición de nuevos modelos digitales que permiten una evaluación de solvencia ágil y basada en datos, sin que la rapidez implique menor control, sino una mejor capacidad para analizar el contexto de cada operación y alinearla con la capacidad de pago del usuario.

Hacia una regulación equilibrada

En línea con el posicionamiento conjunto recientemente presentado junto a AEMIP, la Asociación reitera la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio equilibrado, que combine protección efectiva del consumidor, seguridad jurídica y mantenimiento de una oferta de crédito responsable, innovadora y accesible.

Para ello, AEFI considera prioritario que los límites a la remuneración se diseñen con criterios técnicos, teniendo en cuenta el riesgo, el importe y la duración de las operaciones, así como la finalidad y la estructura de coste de cada modalidad de financiación, evitando aproximaciones uniformes que puedan comprometer la viabilidad de determinados modelos.

Asimismo, la Asociación subraya la importancia de preservar la competencia y la innovación en el ecosistema financiero, garantizando que la regulación no genere barreras de entrada ni favorezca la concentración del mercado en detrimento de los consumidores y del comercio.

“La transposición de la Directiva representa una oportunidad para construir un marco moderno, adaptado a la realidad del crédito al consumo en 2026. España puede liderar un modelo que proteja al consumidor sin limitar su acceso a financiación regulada y responsable”, concluyen desde AEFI.